La Constitución afirma que «la soberanía nacional reside en el pueblo español». Pero soberanía no es solo tener bandera, Parlamento y fronteras: es conservar la capacidad efectiva de decidir el propio destino. Y ahí la respuesta resulta menos evidente.

España ha cedido voluntariamente competencias a la Unión Europea. Bruselas condiciona legislación, política monetaria, presupuestos, agricultura, energía, fronteras o digitalización. Puede entenderse como soberanía compartida necesaria en un mundo de gigantes; pero también obliga a preguntarse cuánto poder puede transferir una nación antes de que su soberanía sea más jurídica que efectiva.

La inmigración ejemplifica esa contradicción. Inmigración legal e irregular no son jurídicamente iguales, pero España dispone de mecanismos —arraigo, protección internacional cuando corresponda, circunstancias excepcionales, vínculos familiares— mediante los cuales alguien inicialmente irregular puede acabar obteniendo residencia. A ello se suman sistemas públicos de atención humanitaria y acogida.

La pregunta incómoda no es si debemos auxiliar a quien lo necesita. Es qué significa controlar una frontera cuando atravesarla irregularmente puede convertirse en el comienzo de un proceso de integración administrativa. Una democracia puede elegir ese modelo, pero debería hacerlo conociendo costes, límites, consecuencias demográficas y capacidad real de integración.

A esto se añade la polémica del voto CERA. En julio de 2026 había unos 2,74 millones de electores españoles residentes en el extranjero, mientras que alrededor de 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad mediante la llamada Ley de Nietos; no significa que esos 2,4 millones sean ya electores.   Desde las generales de 2023, el CERA ha aumentado en 408.262 electores, crecimiento que el Tribunal Supremo ha considerado suficientemente extraordinario como para adoptar medidas cautelares por el posible impacto sobre la objetividad y transparencia del proceso electoral.   La controversia política incluye acusaciones contra el PSOE sobre un posible beneficio electoral, pero no existe prueba acreditada de fraude (de momento). La cuestión de soberanía es más profunda: ¿quién determina quién forma parte del cuerpo electoral español y con qué garantías?.

También existen poderes que no aparecen en las papeletas.

Los teléfonos de Pedro Sánchez y varios ministros fueron infectados con Pegasus. La Audiencia Nacional no ha podido determinar la autoría. Marruecos ha estado en el centro de las sospechas políticas, pero no está probado judicialmente que ordenara el espionaje. Tampoco puede afirmarse que utilizara aquella información para chantajear al Gobierno. Lo acreditado ya debería preocuparnos suficientemente: alguien penetró en los teléfonos de la cúpula del Estado español y España sigue sin poder identificar oficialmente al responsable.

Europa tampoco es impermeable. El Qatargate abrió investigaciones sobre presunta corrupción e influencia vinculadas a Qatar y Marruecos. El Parlamento Europeo ha advertido además sobre interferencias extranjeras y actividades de influencia procedentes de distintos Estados, mientras las autoridades europeas han investigado redes vinculadas a intereses rusos.

Existe además un poder privado perfectamente legal. Open Society Foundations, creada por George Soros, financia ONG y proyectos internacionales relacionados con derechos, migraciones, justicia y sociedad civil. No demuestra conspiración alguna; demuestra capacidad de influencia. Si analizamos el poder de bancos, petroleras y tecnológicas, también debemos poder analizar el de fundaciones multimillonarias.

Lo mismo vale para la industria humanitaria. Cruz Roja, Naciones Unidas y las grandes ONG realizan trabajos en apariencia, imprescindibles, y cuentan con miles de profesionales y voluntarios. Pero gestionan también enormes estructuras, presupuestos, subvenciones, salarios y burocracias. Las buenas intenciones no deberían proporcionar inmunidad al escrutinio. Toda organización que vive de administrar un problema desarrolla inevitablemente un interés institucional en preservar su financiación. Eso no significa que provoque el problema; significa que sus incentivos también deben fiscalizarse.

Big Tech plantea otra dependencia. España digitaliza administración, empresas y vidas privadas utilizando en buena medida infraestructuras, nubes, sistemas operativos, algoritmos e inteligencias artificiales extranjeros. Digitalizar no debería significar entregar soberanía.

Mientras tanto, las grandes empresas del IBEX continúan sometidas a una lógica comprensible para una sociedad mercantil: crecer, aumentar beneficios y remunerar al accionista. Pero una nación no es una sociedad anónima. España debería poder discutir productividad, vivienda, recursos, automatización, sostenibilidad o incluso decrecimiento material sin asumir que aumentar indefinidamente PIB, población y consumo constituye el único horizonte posible.

También los medios participan de estructuras globalizadas. EL PAÍS pertenece a PRISA, compañía española cuyo accionariado incluye capital internacional. No es correcto decir simplemente que el periódico «sea extranjero». Sí es legítimo preguntarse hasta qué punto los grandes medios responden todavía a conversaciones nacionales o forman parte de ecosistemas económicos y culturales transnacionales.

Incluso el Real Madrid es ya una marca planetaria. Vinícius, representado por Roc Nation Sports, trasciende Madrid, España e incluso el fútbol. En el reciente gesto de solidaridad con Ceuta, algunos jugadores no secundaron el mensaje de la misma manera que sus compañeros y lo respeto dentro de las libertades individuales. No existe evidencia para atribuirlo a Roc Nation (aunque yo no tenga dudas) ni a intereses comerciales africanos. Y personalmente prefiero que deporte y política permanezcan separados. Pero el episodio deja una pregunta fascinante: ¿a quién representa hoy una superestrella global: al club, al aficionado, a sus patrocinadores, a su agencia, a su mercado internacional o a sí misma?

Aristóteles distinguía entre el poder ejercido para el bien común y el orientado hacia intereses particulares. Marco Aurelio recordaba la importancia de distinguir aquello que depende de nosotros de aquello que escapa a nuestro dominio.

España continúa siendo jurídicamente soberana. La cuestión del siglo XXI es otra: ¿cuántas decisiones pueden desplazarse hacia Bruselas, mercados, gobiernos extranjeros, multinacionales, fondos, ONG, medios y plataformas tecnológicas antes de que descubramos que conservamos las instituciones de la soberanía, pero cada vez menos soberanía que ejercer?

Quizá defender una frontera ya no sea suficiente.

Ser soberano es saber quién decide.